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EL DEBUT DE UN NUEVO TRIBUNAL

La nueva Casación revisará fallos en causas que no comprometan delitos federales. La Corte Suprema dispuso que los jueces designados para integrarla juren el próximo 18. La puesta en marcha del tribunal venía largamente demorada.

Todo indica que la gestión ante la Corte Suprema de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, fue exitosa. Luego de una larga demora, el Máximo Tribunal habilitó el funcionamiento de la nueva Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a revisar fallos en causas que no comprometan delitos federales. El nuevo tribunal comenzará a funcionar el 18 de diciembre, cuando juren los jueces que en 2008 habían ganado por concurso el cargo para ocupar la nueva Casación: María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Alfredo Bruzzone, Horacio Leonardo Días, Luis Mario García, Eugenio Carlos Sarrabayrouse, Daniel Emilio Morín, Luis Fernando Niño, Pablo Jantus, Héctor Mario Magariños y Carlos Alberto Mahiques. Quienes impulsaron la creación de la Casación porteña apuntaron al objetivo de que sean revisadas allí las causas por delitos comunes y así la labor de la Casación Federal se vea aliviada.

La acordada fue firmada por los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Vázquez había enviado una nota al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la cual expresaba que “hallándose cumplidos los requisitos de infraestructura necesarios para proceder a la habilitación de la mencionada Cámara, nos encontramos en condiciones de que se tome juramento a los jueces que fueran designados por el Poder Ejecutivo”. Ese poder del Estado se tomó tres años para dar el paso, pero luego el argumento por el cual no se terminaba de poner en funciones a los nuevos “casadores” era la falta de un edificio en buenas condiciones para poder funcionar. En el medio corrieron rumores que asociaban a los nuevos magistrados con Justicia Legítima.

¿Quiénes son los integrantes del nuevo tribunal porteño?

– Pablo Jantus se recibió de abogado en la UBA y tiene una larga carrera docente. Actualmente integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.

– Gustavo Bruzzone es miembro de la Cámara del Crimen y profesor adjunto de Derecho Penal en la UBA. Su lema es: “Las personas que se encuentren imputadas de un delito recién pueden encontrarse efectivamente privadas de su libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada”. En 2005 lo aplicó al firmar la excarcelación de Omar Chabán.

– Héctor Magariños fue asesor de Ricardo Gil Lavedra cuando éste se desempeñó como secretario del Interior. Se pronunció en contra de las detenciones policiales sin orden judicial.

– Luis Niño integra desde 1993 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20, se graduó en la UBA con diploma de honor. Se opone a los juicios abreviados.

– María Laura Garrigós de Rébori fue nombrada en 1993 y tres años más tarde se hizo conocida cuando falló a favor del periodista Horacio Verbitsky, que había sido querellado por el ex presidente Carlos Menem.

– Horacio Días concursó en 2005 por el Tribunal Oral Nº 21, y ocho años más tarde fue uno de los jueces del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.

– Eugenio Sarrabayrouse es docente y especialista en medio ambiente. Es doctor en Derecho por la UBA y estudió en Alemania con el jurista Claus Roxin.

– Daniel Morín integra el Tribunal Oral Nº 7 de Capital, fue titular de la Oficina Anticorrupción y también fiscal de instrucción.

– Carlos Mahiques es juez de la Casación bonaerense, titular de cátedra en la Universidad Católica y profesor en la Universidad Austral.

– Luis García es juez en el Tribunal Oral Nº 9 y subrogante en la Casación. Avaló el cese de prisión de represores, entre ellos Alfredo Astiz.

 

Artículo Publicado el día 12 de diciembre 2014

Fuente: www.pagina12.com.ar

MAS DE 4 MILLONES DE ARGENTINOS TRABAJAN EN NEGRO

La tasa de empleo no registrado en el tercer trimestre del año fue de un 33,6%, un punto menos respecto al resultado del mismo período del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 De esta forma, de acuerdo a los datos oficiales 4.100.000 empleados no están registrados, sobre un total de asalariados entorno a los 12.344.000. Los trabajadores sin inscripción oficial carecen de cobertura social y de previsiones jubilatorias.
Para el INDEC mejoró la calidad del empleo en la Argentina pese a que durante el último año se caracterizó por una desaceleración de la actividad económica y la tasa de desempleo subió de 6,8 a 7,5 por ciento.

La zona del país con peor calidad laboral es el noroeste donde el 41,6 por ciento de los empleados no cuentan con aportes.

Similar situación se observa en el noreste, zona en la que el 36,6 por ciento trabaja en “negro”.
De acuerdo a la información oficial luego aparecen en un mismo plano Cuyo y la Región Pampeana, donde el empleo informal afecta al 33,5 por ciento y 33,2 por ciento, de los asalariados, respectivamente.

La mejor situación se observa en la Patagonia, donde sólo el 18,6 por ciento sufre la falta de registro oficial por parte de su empleador.

En el Gran Buenos Aires, el INDEC calculó que uno de cada tres trabajadores está “en negro” (33,3 por ciento).

Siempre de acuerdo a la versión oficial, la informalidad golpea más en las grandes ciudades. En los conglomerados de más de 500 mil habitantes la tasa de empleo no registrado es de 34,2 por ciento, mientras que en el resto de las ciudades es de 31 por ciento.

El informe precisa que sobre el total de la población económicamente activa del país (estimada en 17.500.000 habitantes) el 76,2 por ciento son asalariados, mientras que el 23,8 por ciento son cuentapropistas.

 

 

Artículo Publicado el día 12 de diciembre de 2014.-

Fuente: www.radiolt7.com

OFICIALIZARON LA EXENCION DE GANANCIAS AL MEDIO AGUINALDO DE DICIEMBRE

El gobierno nacional oficializó la decisión de exceptuar de ese impuesto, de manera extraordinaria y por única vez, al medio aguinaldo de los trabajadores con ingresos brutos de hasta 35 mil pesos mensuales.

Así lo hizo a través del decreto 2354, que se publica hoy en el Boletín Oficial luego del anuncio realizado el miércoles de la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del cierre de la XX Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Increméntase, respecto de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones, la deducción especial establecida en el inciso c) del artículo 23 de dicha Ley, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario”, dispone el artículo 1°.

Añade que para obtener ese importe neto “se deberán detraer del importe bruto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario los montos de aportes correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino —o, en su caso, los que correspondan a cajas Provinciales, Municipales u otras—, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Régimen Nacional de Obras Sociales y a cuotas sindicales ordinarias y a cuotas sindicales ordinarias”.

El artículo 2° de la norma -que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof- deja en claro que el beneficio dispuesto “tendrá efectos exclusivamente para la segunda cuota del sueldo anual devengado en el año 2014 y para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual devengada entre los meses de julio a diciembre de 2014 no supere la suma de 35 mil pesos”.

Por su parte, el artículo 3° señala que “el beneficio derivado de lo dispuesto precedentemente deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes que comprendan a las remuneraciones devengadas en el mes de diciembre del año 2014” y que “los sujetos que deban actuar como agentes de retención identificarán el importe respectivo bajo el concepto “Beneficio Decreto N° 2354/14”.

En los considerandos se destaca “que es política permanente del Poder Ejecutivo Nacional instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.

Además, se subraya que la medida adoptada por única vez “es posible gracias a un responsable manejo de las finanzas del Estado Nacional, tanto respecto de sus ingresos como de sus gastos”.

Al realizar el anuncio la semana pasada, Cristina dijo que la medida, similar a la aplicada en forma idéntica en 2012 y 2013, beneficiará a 784 mil asalariados.

Artículo Publicado el día 12 de diciembre de 2014.-

Fuente: www.telam.com.ar

CAPITANICH ANUNCIO LA CONCILIACION OBLIGATORIA EN EL CONFLICTO DE LOS BANCOS

El jefe de Gabinete aseguró que la decisión la tomó el Ministerio de Trabajo. La Asociación Bancaria había convocado a una medida de fuerza en las entidades públicas en reclamo de un bono de fin de año.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció esta mañana la conciliación obligatoria para levantar el paro dispuesto para hoy en el Banco Nación y el Banco Central.

“El Ministerio de Trabajo decidió la conciliación obligatoria respecto de los bancos públicos”, informó el funcionario en su habitual conferencia de prensa al referirse a la huelga convocada por la Asociación Bancaria en las entidades públicas en reclamo de un bono de fin de año.

En ese marco, Capitanich indicó que “la conciliación será dictada en forma inmediata y será transmitida a las partes”.

Artículo publicado el día 11.12.2014.-

Fuente: www.telam.com.ar

SE PROMULGO EL CODIGO PROCESAL PENAL

A la espera de que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de adelantar su entrada en vigencia, el Gobierno dejó promulgado el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio y establece un plazo máximo de tres años para resolver sobre una causa. La Cámara baja dejó sancionada la norma la semana pasada que también ordena que todo el proceso judicial, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.

El decreto publicado hoy promulga la normativa establece que el nuevo Código Procesal Penal “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.

El jueves pasado, horas antes de que Diputados sancionará el nuevo código, el Senado, por iniciativa de los senadores kirchneristas Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto, la cámara alta aprobó una iniciativa que busca adelantar cinco meses la entrada en vigencia, por lo que se pondría en marcha en agosto del año próximo, en caso de que la Cámara baja logre imprimirle la sanción definitiva.

Por otra parte, el decreto indica que el Congreso creará una “Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación” del nuevo código, “así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación”.

En otro de sus puntos, aprueba “el inicio de un programa de capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías de primera instancia nacionales y federales, fiscalías generales y defensorías generales, que se agrega como Anexo II y que es parte integrante de la presente ley, con el fin de capacitar y dotar al Ministerio Público de los recursos humanos mínimos indispensables para afrontar la futura tarea de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”.

Artículo publicado el día 10 de diciembre de 2014.-

Fuente: www.pagina12.com.ar

LA CORTE SUPREMA INSTO A APLICAR LOS DERECHOS TERRITORIALES INDIGENAS

El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.

La Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.

El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.

En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.

La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.

En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.

Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.

Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.

Por Diarío Aranda.-

Articulo publicado el 09 de diciembre de 2014.-

Fuente: www.pagina12.com.ar

LOS PRESOS TENDRAN LOS MISMOS BENEFICIOS QUE EL DE UN TRABAJADOR DE CONVENIO.-

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó una acción de hábeas corpus colectiva iniciada por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se pidió la equiparación de los derechos laborales de los detenidos en las cárceles.

 La resolución, dictada por la sala II de Casación, hizo referencias doctrinarias sobre el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” y pactos internacionales sobre la cuestión. Para la Cámara, el preso que trabaja debe gozar de las mismas condiciones que el trabajador en libertad, tener licencias, obra social y cobertura por accidentes y la posibilidad de agremiarse y capacitarse.

El camarista Alejandro Slokar, sostuvo en su voto que “no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que “enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social”; y que “hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social” [y que] “En gran medida, sólo se podrá neutralizar el aumento de la inseguridad social si se le da, o no, seguridad al trabajo”.

Concluyó que “para cualquier preso que trabaje, no pueden dejar de gobernar como estándares -entre otros- el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (vgr. asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad. En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre.”

Sostuvo que “no es posible olvidar que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art.75, inc. 22).”

En el fallo se destacaron los datos estadísticos relevantes que enmarcan la realidad laboral penitenciaria argentina actual, en tanto reflejan que el 59% de las personas privadas de su libertad en nuestro país no accede actualmente a ningún trabajo remunerado. Sólo algunos casos perciben un haber muy mínimo, pero tampoco la totalidad queda en sus manos, sino que va a parar una parte a un fondo, para cuando salga de prisión.

Asimismo, se hizo referencia a los indicadores oficiales, que informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19% cuenta con la posibilidad de acceder a 40 horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81% restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad, todo lo que viene a señalar que ocho de cada diez presos no gozan de los derechos consagrados en el artículo 14 bis constitucional.

También afirmaron los jueces que “no puede escapar que para cubrir el equivalente al salario mínimo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un preso debería trabajar un mínimo de diez horas durante cinco días de la semana (Cfr. Resolución 3/2014 del 1º de septiembre de 2014).”

Por ello, el tribunal dispuso ordenar al Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, junto con los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión, y de consuno con la Procuración Penitenciaria, la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia.

También se encomendó al director del Servicio Penitenciario Federal para que “durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales, y comunicar la presente a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación lo decidido”.

Artículo publicado el día 02.12.2014

Fuente: www.radiolt7.com