Una de las modificaciones hechas al proyecto oficial fue el restablecimiento de la telefonía fija como “servicio público”, luego de que la primera versión de la iniciativa le quitara ese aspecto y la dejara así fuera de toda regulación de tarifas.

Además, la nueva redacción del proyecto incorporó la prohibición de brindar el servicio de televisión satelital para las empresas telefónicas, sistema que ya utiliza en el país DirectTV.

También se incluyó un mecanismo de gradualidad para la apertura de las redes domiciliarias, que apunta a limitar el acceso de las grandes compañías telefónicas a las redes de los pequeños cableoperadores y proveedores de internet, quienes alertaron en el Senado sobre la inconveniencia de tener que competir en desventaja con las empresas dominantes del mercado.

Otra cuestión importante es un capítulo nuevo agregado al proyecto original que incorpora una serie de obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el derecho de los usuarios a un acceso en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”.

El oficialismo también añadió la definición de “neutralidad de la red” que había sido contemplada en un dictamen consensuado con la oposición antes del debate de este proyecto.

La iniciativa prevé “declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados”, garantizando la “completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso” de todos los ciudadanos “a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas”.

Artículo Publicado el día 10 de diciembre de 2014.-

Fuente: www.infobae.com